Descentralización a la deriva

Por Lincoln Onofre

La descentralización fue una apuesta del Estado para que los gobiernos territoriales (regional y local) sean los intermediarios entre el gobierno nacional y la población, y al mismo tiempo promuevan la participación ciudadana en todas sus formas de organización y control social. Por ello, a partir del 2002, se diseñó la estructura política de los gobiernos regionales y se transfirieron competencias, atribuciones y recursos con la finalidad de hacerlos responsables de la planificación territorial. Veinte años después y a la luz de los resultados, pareciera que este proceso fue -en cierto modo- pernicioso y perjudicial para la población dado que no concluyó.

Dicho ello, observamos que las autoridades territoriales (gobernadores y alcaldes) no cumplen la función de ser intermediarios entre la población y el gobierno central, aunque siempre apelan a ese discurso. Las evidencias apuntan a que las agendas de estos actores responden a una visión particular (individual o de un grupo muy reducido), muchas veces en sintonía con los intereses de agentes externos enfocados en aprovechar la rentabilidad que producen determinados recursos u oportunidades antes que en un desarrollo que alcance a las mayorías; ello sin contar los conflictos que existen cuando estos beneficios privados entran en competencia o contradicción, como es el caso del enfrentamiento entre el alcalde de la provincia de Huamanga Juan Carlos Arango y el gobernador regional Wilfredo Oscorima sobre los posibles presupuestos y proyectos vinculados a los juegos bolivarianos. Son estas acciones, sin resultados tangibles y no prioritarias, las que deslegitiman a los gobiernos de turno casi de manera inmediata a su elección.

Por su parte, las organizaciones sociales (y la población), han dejado de sentirse representados por las autoridades territoriales, sobre todo si las demandas constituyen un trabajo de mediano y largo plazo o requieren una atención para la que el gobierno local no está capacitado, aunque esté dentro de sus competencias. En ese escenario las exigencias apuntan directamente al gobierno central, reflejando de este modo que la descentralización no les aporta ningún valor. Las organizaciones consideran que las funciones del gobierno regional y municipal (sobre todo este último) se limitan a la cobertura de determinados servicios básicos, brindados de manera deficiente como el ornato, la seguridad ciudadana, la recolección de residuos sólidos y algunas acciones circunstanciales; lo que además es lo que se ofrece en los discursos electorales desde hace varios años. En esa misma línea abonan las autoridades, mostrando una miopía consciente sobre sus (ir)responsabilidades funcionales, realizando actividades populistas donde se victimizan ante el gobierno central para reclamar mayor presupuesto pero sin capacidad de gestión.

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