Justicia Social y Justicia de Género
Por: Aída García Naranjo Morales*
No al PL 8434, que determina el cambio de denominación del Ministerio de la Mujer.
En un momento de Crisis de modelo de dominación, de régimen, de coyuntura y gobierno avanza una contrarreforma autoritaria. En un Perú caracterizado por la Impopularidad del régimen, que, en julio del 2024 según la totalidad de encuestas y la opinión de diferentes analistas, la policrisis por la que atraviesa el Perú continua de mal en peor.
El Fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena presentó nueva denuncia constitucional contra Dina Boluarte por el ‘caso Rolex’. Boluarte es señalada como presunta autora de la comisión de delito contra la administración pública, delitos cometidos por funcionarios públicos, en la modalidad de cohecho pasivo impropio. La Fiscalía manifiesta en su denuncia constitucional que la presidenta Dina Boluarte habría actuado «dolosamente» al recibir como «donaciones» los Rolex y joyas de Wilfredo Oscorima, actual gobernador de Ayacucho, a cambio de Decretos y leyes otorgando una ampliación presupuestal para su región. El cohecho pasivo impropio trata de un delito previsto en el artículo 394 del Código Penal que podría interpretarse coloquialmente con el término soborno / coima. Si bien es cierto la Fiscalía acusó a Dina Boluarte por el denominado caso “Rolexgate”, estimamos que el proceso no avanzaría en el Congreso. Esta es una segunda denuncia constitucional presentada contra la mandataria. La primera fue por las muertes en las protestas sociales, sin embargo, el congreso de la república sin investigación alguna ha archivado el caso.
El equipo Especial de Fiscales para casos con victimas durante las protestas sociales (EFICAVIP) del 2022 y 2023 ha puesto en marcha 62 investigaciones en las que están inmersas 324 personas por las muertes y lesiones ocasionadas a 766 víctimas. Según el informe publicado por este quipo, estos hechos generaron 50 fallecidos y 716 lesionados, lo que subraya la gravedad de la violencia durante el denominado “estallido Social”. El observatorio de criminalidad, encargado de sistematizar y monitorear estas investigaciones, identificó que el 90,3% de los casos se clasificaron como complejos, particularmente en regiones como Apurímac, Arequipa, Cusco, Lima centro, Puno, Selva Central y Ucayali. Pero estos delitos, tanto de la primera como de la segunda acusación, no están en el artículo 117 de la carta magna, lo cual no permitiría acusarla en funciones. Por ello la estrategia de Boluarte es durar.