El mamarracho de ley de censura al cine peruano
Por: Christian Wiener Fresco
La Constitución de 1979 consagró el fin de la censura en el Perú. Eso significó, entre otras cosas, el cierre definitivo de la Junta de Supervigilancia de Películas, que no era otra cosa que una oficina oficial dedicada a censurar en parte o por completo las obras cinematográficas cuyas imágenes y contenidos pudieran afectar “la moral y las buenas costumbres”, así como “evitar que se comprometa la defensa nacional, las buenas relaciones del Perú con otros países y/o la seguridad interna” (Ley de la Junta de Supervigilancia de Películas de 1974).
Quien diría que 45 años después retrocedemos a la etapa previa con un Congreso oscurantista que, con la premura del sicario en moto, aprobó el proyecto de ley de cine dictaminado en la Comisión de Economía (y sin haber pasado por la de Cultura) que parece calcado de tiempos de la premodernidad censora, impidiendo que puedan recibir estímulos del Estado aquellos proyectos “que atenten contra el estado de derecho, así como aquellos que contravengan la defensa nacional, la seguridad o el orden interno del país; o vulneren los principios reconocidos en la Constitución Política del Perú y el ordenamiento jurídico peruano”.
Para dorar la píldora, a última hora los congresistas cambiaron la idea original de algunos fujimoristas de consultar, vía designación del Ministerio de Cultura, a los sectores “tutelares” sobre los contenidos de los proyectos, para endilgarle la responsabilidad censora a la Dirección del audiovisual, la fonografía y los nuevos medios (DAFO) del Ministerio. Olvidan o desconocen que se trata de un organismo de línea, cuya función es organizar las convocatorias y procesos de los estímulos económicos, al que se agregará ahora una ingrata tarea resolutiva. Se supone que el Estado no debe intervenir en la decisión de los proyectos beneficiados, para lo cual se convocan a jurados externos, lo que ahora estará en contradicción con esta cláusula, salvo que se quiera que sean ellos -los jurados- los que ejerzan este encargo envenenado.