Desprecio y pisoteo regional. violación y atropello constitucional
Por: Rudecindo Vega Carreazo
La prepotencia de las bandas criminales que gobiernan desde el congreso es tan grande y mezquina, que están dispuestas a arrasar con toda institucionalidad, orden constitucional y manifestación democrática con la finalidad de saciar sus intereses particulares o grupales. Esta semana, mediante una válida propuesta de enmienda constitucional para permitir la reelección de alcaldes y gobernadores regionales, de manera clandestina y furtiva, pretenden expulsar del orden constitucional a los movimientos regionales. La reforma constitucional del artículo 35° propuesta solo regula “partidos políticos de alcance nacional o alianzas entre estos” reemplazando al texto aún vigente que refiere a “las organizaciones políticas como partidos, movimientos o alianzas”. El objetivo deseado es hacer desaparecer a los movimientos regionales que son sus exitosos rivales en las elecciones municipales y regionales.
Esa reforma político-electoral en curso no solo es un atropello y retroceso constitucional, al que parece querer acostumbrarnos este paupérrimo congreso; es, sobre todo, una terrible violación múltiple a los derechos humanos de igualdad ante la ley, libertad de conciencia, pensamiento, expresión, asociación y participación (artículo 2°) y; a la ciudadanía y los derechos políticos de participación ciudadana, elegir, ser elegido, voto, referéndum, revocatoria, remoción, rendición de cuentas, iniciativa legislativa y participación vecinal. Esa agresión múltiple es un real atropello a los ciudadanos que tienen ganados esos derechos y los vienen ejerciendo mediante sus movimientos regionales inscritos conforme a la constitución y leyes vigentes. Asesinando movimientos regionales, organizaciones políticas, legal y legítimamente reconocidas, están violando masivamente los derechos humanos y los derechos ciudadanos amparados por nuestro orden constitucional. Imposible permitirlo.
Es un perverso retroceso en materia de derechos humanos, como lo acaba de señalar el JNE, implica “una vulneración al principio de irreversibilidad y su correlato, el principio de progresividad, conforme al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y la Convención Americana de Derechos Humanos”. Para la prepotencia y autoritarismo instalados en las bandas que gobiernan en y desde el congreso, quizás poco importe decirlo, pero para el futuro democrático del Perú, es bueno recordarlo, si intentan continuar con su despropósito de asesinar a los movimientos regionales, violar los derechos humanos y derechos de los ciudadanos agrupados en esas organizaciones políticas, en mérito a los principios de irreversibilidad y progresividad, los movimientos serán restituidos si deciden defender sus derechos ante la jurisdicción nacional y/o internacional.