Perú: Estado criminal y mafias gubernamentales

Por: Rudecindo Vega Carreazo

En Perú, como Ecuador, existe un acelerado y consolidado proceso de criminalización de la política, el estado, sus gobiernos y relaciones sociales; es un fenómeno social que ha permeado la estructura y sistema organizacional de la sociedad y la vida misma de las personas. “El ogro filantrópico”, el estado, creado para garantizar la vida en sociedad, superando el “estado salvaje natural”, abuso y crimen está en crisis, los encargados de hacer cumplir ese rol, sus gobiernos, son representantes del crimen. La política tradicional está en decadencia y la criminalización de la política en ascenso. Los políticos tradicionales están en extinción y aquellos permeables al delito “acuerdan” con los delincuentes metidos en la política, los partidos han sido convertidos en organizaciones criminales; la política ya no es el medio para llegar al gobierno y defender el interés público, es el espacio para defender intereses particulares y delincuenciales desde el estado y el gobierno. Los políticos tradicionales fueron aislados por los políticos convertidos en delincuentes y ambos han sido arrinconados por organizaciones criminales metidas a la política y los gobiernos. El estado peruano es un “ogro criminal”, un estado delincuencial.

El crimen, metido en la política, gobierna en Perú; controla varios poderes del estado (legislativo, ejecutivo, judicial, TC, MP, DP, etc.) y está en todos los niveles de gobierno (nacional, regional y local). Antes, en los procesos electorales o procedimientos de designación procuraban auspiciar o financiar candidatos cercanos a sus intereses hoy los proponen o se postulan directamente, lamentablemente, las reglas políticas, electorales y de gestión han contribuido y son permisivas; todos los filtros son vulnerados y copados, estamos a merced del crimen en el gobierno, estado y la vida en sociedad. Estado y gobierno han perdido autoridad para perseguir al delincuente o las bandas delictivas, puesto que ellos mismos son instrumentos para el crimen; en elecciones los ciudadanos elegimos entre delincuentes declarados y ocultos y, uno que otro político o ciudadano aún digno de llevar esos títulos.

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