Agresión a Machupicchu

Por: David Ugarte Vega Centeno

Deslinde con los falsos cusqueños y cusqueñistas
Para algunos nos encontramos en el país de las dinamaravillas, aquellos que así lo creen, son los que han sido favorecidos mediante cuestionados procesos de licitación directa, obteniendo jugosos beneficios pagados con los recursos que genera nuestro patrimonio cultural. Los últimos acontecimientos que se vienen registrando desde mediados del pasado año en contra de la conservación y transparente gestión de la Llaqta de Machupicchu, primer destino turístico del Perú, nos refieren lo contrario, nos están mostrando que hemos descendido a las sombras más oscuras y aterradoras que agresivamente avanzan vulnerando las políticas y principios rectores del Sector Cultura, estamos ya en el umbral del país de las dinapesadillas y eso no se puede tolerar, hay que salir ahora de este calamitoso escenario. ¡¡¡BASTA YA!!!

Ahora más que nunca, es el momento de unirnos los verdaderos cusqueños y cusqueñistas en una sola voz y en una sola acción de lucha para detener la barbarie que se avecina galopante. Tanta incapacidad e ineficiencia de la actual gestión del Ministerio de Cultura ha colmado, indigna la falta de respeto al Cusco y el desprecio evidente a nuestro pueblo. Es tiempo de hacer frente -desde la ciudadanía y desde el ejercicio legítimo de los Derechos Humanos que nos corresponde- al inminente peligro que amenaza la integridad y conservación de Machupicchu y ponernos al frente de la defensa irrestricta de los recursos que genera este Sitio peruano relevante del Patrimonio Mundial, oponiéndonos a que sean transferidos graciosamente a una empresa privada elegida directamente.

Los repetidos y arbitrarios manejos, como las perturbadoras decisiones centralistas de la gestión actual del Ministerio de Cultura se mantienen, primero fue la promulgación de disposiciones distanciadas del rol tutelar del Estado para la protección y conservación de los bienes que integran el patrimonio cultural de la Nación, como la Ley 31770, publicada en el mes de junio del 2023, que dispuso una desastrosa modificación del artículo 32 de la Ley 28296 – Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación, estableciendo por primera vez en la historia del país la lotización de bienes integrantes del patrimonio cultural, propiciando con ello la pérdida de los bienes patrimoniales; y posteriormente, la propuesta irracional e inaceptable -a partir del mismo despacho ministerial- para modificar el Reglamento de la misma Ley General del Patrimonio Cultural con el propósito de derogar el Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos – CIRA, facilitando el huaqueo y la desaparición de sitios arqueológicos, sobre todo de aquellos que aún no están descubiertos pero que están protegidos por la Constitución Política del Estado; y también, se pretendió la autorización automática de intervenciones en bienes inmuebles no prehispánicos sin proceso de evaluación del proyecto, atentando contra la integridad y conservación de los Centros Históricos.

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