La Junta Nacional de Justicia en la mira del Congreso

Por: Jorge Rendón Vásquez

No, no es un chiste. Se investigan entre ellos. El 7 de setiembre el Pleno del Congreso, todo ajetreado, encargó a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos efectuar una investigación sumaria a los miembros de la Junta Nacional de Justicia por causa grave, dándole un plazo de 14 días para recibir sus descargos. El pedido lo hizo una congresista, que probablemente había recibido de su padre la fórmula para tramitarla con éxito en una sesión de espiritismo. Los acusaba:

1) de haber publicado un comunicado por el cual invocaban a los congresistas “mayor reflexión en torno a la acusación constitucional que se tramita contra la ex fiscal de la Nación Zoraida Ávalos Rivera” lo que para la acusadora “constituye una causa grave a su función”;

2) de que “al menos tres miembros de la Junta Nacional de Justicia habrían intentado presionar al Presidente del Poder Judicial y Juez Supremo Javier Arévalo Vela, así como a otros jueces supremos, a emitir un pronunciamiento institucional a favor de la ex Fiscal de la Nación Zoraida Ávalos”, pedido que dio lugar a una sala plena de la Corte Suprema el 3 de julio pasado en la cual la votación empatada fue dirimida por el juez Arévalo en el sentido de no pronunciarse a favor de Zoraida Ávalos;

3) de que el 23 de octubre de 2020 los miembros de la Junta Nacional de Justicia aprobaron una resolución estableciendo “como criterio complementario de interpretación (del inciso 3) del artículo 156 de la Constitución) que el ordenamiento jurídico determina límites de edad para acceder a ser miembro de la Junta Nacional de Justicia, mas no como límite del período de mandato o designación o causal de cese o vacancia” y que esa interpretación “contraviene el sentido auténtico de la norma constitucional”; se añadía que al hacerlo “los miembros de la Junta Nacional de Justicia han ejercido funciones que no tienen”.

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