Nuestro Orgullo es Democracia

Por: George Hale

En el primer semestre del año 2002, el Frente por el Derecho a ser Diferente (FREDIF) compuesto por las pocas organizaciones LGBT que había en Lima, y convocado por el Movimiento Homosexual de Lima (MHOL), pedía el reconocimiento de la orientación sexual en el fallido proceso de reforma constitucional de entonces. Este proceso marcó mi inicio como activista LGBTI, ya que me permitió conocer de cerca los debates, desafíos, fricciones, pero también el sentido de construir una sociedad más justa, donde la discriminación quede como cosa del pasado, y nuestros derechos como personas gais, lesbianas, bisexuales, y trans, empiecen a ser reconocidos en normas concretas en el Perú.

Mas de 21 años después, pareciera que seguimos remando contra la corriente, pues aún en nuestro país no se tiene una sola legislación que reconozca los derechos de las personas LGBTI. El Congreso de la República, compuesto por los sectores más extremistas tanto de derechas, como de izquierdas, mantiene en la congeladora los proyectos de ley de matrimonio igualitario; reconocimiento de la identidad de género; unión civil; tratamiento especial sobre los crímenes de odio hacia personas LGBTI; entre otros tipos de legislación pro-igualdad que en la mayoría de los países vecinos fueron asumidas hace varios años.

El 2022, el Parlamento Andino aprobó un marco normativo para promover los derechos de las personas LGBTI. En esa misma línea, la OEA reafirma cada año, en sus resoluciones de Asamblea General, la importancia de este tipo de avance legislativo. Por su parte el Sistema de Naciones Unidas, mediante el programa Libres e Iguales, insta a los Estados a valorar la diversidad y reconocer la igualdad de la comunidad LGBTI. El Perú parece hacer oídos sordos a todo este marco, y no solo omite las sendas recomendaciones del Examen Periódico Universal (EPU), sino que además tiene serias observaciones por la extrema demora en el cumplimiento de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) que lo sancionan por discriminar e incluso promover la violencia basada en la orientación sexual e identidad de género. Los casos de Azul vs. Perú, y Olivera vs. Perú exigen una inmediata atención por justicia y reparación cuyo retraso no tiene justificación.

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