Terruquear afecta el derecho a ser reconocido en condiciones de semejanza

Luego del golpe de Estado de Pedro Castillo, para el gobierno se ha hecho costumbre acusar de “terruco” a todo aquel que participa en marchas de protesta. La finalidad es evidente, desacreditar al que no piensa como ellos. Ni siquiera el Poder Judicial y el sistema de justicia han sido ajenos a esta práctica perversa. Tal como se hizo público, “el 15 de febrero, el Poder Judicial dictó prisión preventiva contra siete dirigentes y cercanos al Frente de Defensa de Ayacucho (Fredepa), a quienes la Fiscalía acusa de realizar actos de terrorismo por exigir una Asamblea Constituyente y una Nueva Constitución. Con esta decisión, se marca un precedente grave contra los movimientos, organizaciones y colectivos sociales que exigen el cambio de la constitución fujimorista”(2).

En definitiva, se acusa de terroristas, a personas que nunca han sido procesadas y condenadas por delito alguno, es más, nunca han sido denunciadas ante el Ministerio Público. Simplemente se les acusa por pensar distinto. La pregunta de fondo es si la libertad de opinión –o de expresión- brinda cobertura a este tipo de acusaciones.

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