El Estado peruano criminoso
Por: Ricardo Soberón
En la segunda década del siglo XXI, es necesario hacer un corte sobre este tema, en lo que algunos llaman una tercera fase de la criminalidad trasnacional. El crimen organizado se ha fortalecido y expandido en el Perú, de una manera exponencial, legitimada por un Estado inerme en sus capacidades de prevenir y controlar, con entidades dentro del sistema de control penal, penetradas desde el poder que manejan las estructuras criminales. A ello sumamos la existencia de un gobierno rendido —por su supervivencia— al secuestro del que es objeto por las fuerzas más oscuras de la política peruana, muchas de ellas vinculadas a actividades criminales relacionadas a la educación, la minería ilegal, los tráficos ilícitos y la gestión pública. Y a ello sumamos una sociedad fragmentada y recluida en las redes sociales, cada vez más alejada de los índices de Desarrollo Humano, con brechas más profundas en cuanto a derechos, servicios y necesidades.
Empecemos por el mapa de los tráficos ilícitos que atraviesan todas las regiones del país: si es por coca/cocaína, desde el VRAEM, Ucayali, Huánuco, San Martín hasta Loreto, Puno y Amazonas se han convertido en escenarios de exportación de muy alta concentración, en la que interactúan “firmas” “carteles” de diverso origen, que penetran autoridades de puerto, policías y militares. Ninguno de los subsistemas de control funciona adecuadamente (insumos, lavado, interdicción aérea).
El mayor dilema del Perú actual es que no estamos frente a la posibilidad de ser un narco Estado, sino también de un Estado delincuencial y criminal en toda su expresión, donde convergen tráficos, redes corruptas, organizaciones de extorsionadores. En la base, los grupos sociales diversos —cocaleros, mineros, madereros— aceptan con facilidad las economías ilícitas, como una forma de supervivencia.