Cambios tectónicos en el poder económico
Por: Humberto Campodónico
En las últimas semanas se han dado una serie de opiniones acerca de la situación que atraviesa la economía peruana. El punto de partida es el bajo crecimiento en los últimos años, que ronda en promedio alrededor del 2.5% del PBI -con una tasa negativa de -0.6% en el 2023-, lo que va a continuar en los próximos años.
El tema de fondo es que, así, el Perú no va a superar el índice de pobreza, que afecta al 29% de la población y, lo más probable, es que siga aumentando. Tampoco va a bajar la tasa de informalidad, que alcanza al 74% de la masa laboral, con bajísima productividad. Recordemos que, incluso con el superciclo de altos precios de las materias primas, la informalidad apenas si bajó dos puntos porcentuales.
La discusión se ha ido elevando de tono. Hace poco se ha dado a conocer que este año el Perú ha tenido el peor Índice de Competitividad de su historia. Y también se ha conocido la carta que la OCDE le dirigió al ex primer ministro Alberto Otárola, donde le advierten que no debe promulgarse la ley que debilita la colaboración eficaz, la misma que, sin embargo, fue aprobada por insistencia por el Congreso en marzo de este año.
Uno de los temas en discusión es, justamente, el carácter de la relación entre el Poder Ejecutivo y el Congreso. Y esta es una relación de necesidad y apoyo mutuo. Ambos desean quedarse hasta el 2026. ¿Eso es subordinación? ¿O pacto?
Según Ojo Público, de las 547 normas promulgadas desde 2021, al menos, 107 fueron aprobadas por insistencia del Parlamento. Solo en 2023, se promulgaron 57 leyes con ese mecanismo. Hasta hace poco, el Ejecutivo “observaba” una que otra iniciativa legislativa del Congreso. Pero en los últimos tiempos se ha “sacado la careta”, como en el caso del retiro de fondos de las AFP, que no fue “observada”.