¿Los colegios militares deben existir? Una pregunta incomoda

Por: Jorge Carlos Vega Fernández

Nuevamente la noticia de castigos o rutinas militares que afectan la integridad fisca y la dignidad de los alumnos del Colegio Militar “Leoncio Prado”, vuelve a ser materia de preocupación en los medios de comunicación, así como de indignados comunicados de entidades u organizaciones, que demandan con toda legitimidad investigación y sanción contra los responsables, además de un pronunciamiento del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (Mimp), en su calidad de órgano rector de las políticas públicas de los derechos de los niños, niñas y adolescentes en el Perú.

Sin embargo, estas reacciones, siempre necesarias y justificadas, omiten o invisibilizan una cuestión central: el funcionamiento de estos colegios ha merecido un firme pronunciamiento del Comité de los Derechos del Niño, el año 2016, con motivo del examen final del informe del Estado Peruano en relación a la implementación del Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la participación de niños en los conflictos armados.

¿Qué dijo el Comité respecto a este tipo de centros educativos? Al margen de revelar la poca disposición estatal para adoptar medidas dirigidas a implementar el mencionado instrumento internacional, mostró su preocupación en relación a cuatro situaciones: “1) el hecho de que el ejército del Perú administre numerosos programas ordinarios de educación para niños de edades comprendidas entre los 3 y los 17 años y escuelas públicas para alumnos de 13 a 17 años; 2) el elevado número de academias militares para niños gestionadas por las fuerzas armadas, 3) que niños de tan solo 15 años de edad puedan matricularse en algunas de las academias militares y sean considerados reservas militares en caso de movilización de tropas o de conflicto armado (…) y puedan recibir instrucción militar”. Las citas son textuales.

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