Julio Arbizú: “Tenemos un Congreso que se ha convertido, en la práctica, en la confluencia de organizaciones criminales”

El ex procurador Julio Arbizu, socio del estudio Arbizu&Gamarra, señala que criminalizar la protesta es propio de los gobiernos autoritarios: “el ejercicio del derecho a la protesta ha sido materia de sucesivas modificaciones por gobiernos autoritarios que quieren reprimir violentamente”. En entrevista para Noticias SER añade que el Congreso ya no representa a la ciudadanía, sino a determinados grupos que muchas veces son funcionales a cierta elite económica.

¿Cuál es el delito que se comete al señalar a una persona como terrorista?

El “terruqueo” alude al conflicto armado (que vivió el país en los años 80 y 90) para calificar a ciertas personas que tenían algunas vinculaciones con los movimientos subversivos; u otras que simplemente apoyaban una salida consensuada de la crisis, que en su momento manifestaban intereses para que se produjeran cambios sociales en el país. Actualmente, cualquier persona —ciudadanos y ciudadanas de regiones— que hace público su desacuerdo con el sistema opresivo es calificada de terrorista. En el derecho penal a eso lo llamamos difamación, delito contemplado en el Código Penal, con la respectiva pena privativa de la libertad, incluso se puede solicitar reparación civil. La difamación es un delito contra el honor y lo que se salvaguarda aquí, como bien jurídico protegido, es el honor de la persona. Esto tiene doble dimensión, tiene que ver con la autopercepción, pero también con la forma como nos ven; es decir, uno tiene derecho a sostener una buena reputación y el honor, y eso se ve vulnerado cuando alguien sin ninguna prueba, sin ningún argumento de fondo, le dice a otra persona “terrorista” o “terruco”.

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