Luego vinieron por las ONG
Por: Germán Vargas Farías
Una de las leyes que probablemente aprobará el Congreso de la República en esta semana es aquella ya dictaminada en la Comisión de Relaciones Exteriores que contempla fortalecer el rol de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI) para, supuestamente, contribuir con la transparencia y la supervisión de la ejecución de los recursos económicos que reciben las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) y otras entidades de la cooperación internacional.
Lo que en apariencia es inocuo y hasta favorable, entraña un propósito deleznable, y no es casual que se haya incluido en el menú del festín que la mayoría congresal ha enlistado para devorar derechos e instituciones antes del 15 de junio, cuando acabe la segunda legislatura del periodo parlamentario 2023-2024.
De hecho, el banquete de fin de legislatura empezó el martes con la aprobación de una nueva Ley del Cine que, según diversas asociaciones y colectivos de cineastas y comunicadores, representa “una censura a la libre expresión” al establecerse “la exigencia de respeto a las buenas costumbres y la defensa de los intereses del Estado peruano” en las producciones, y eliminando los estímulos económicos a las actividades culturales.
En el caso del proyecto de ley aprobado por la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso se establece la obligación de la APCI de hacer un registro actualizado de las organizaciones y entidades que hagan “activismo político” con los fondos que reciban del exterior que, según la comisión presidida por el fujimorista Alejandro Aguinaga, es aquel que busca modificar las políticas públicas nacionales o resultados electorales “en favor de los intereses de entidades extranjeras privadas”.