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Por: Germán Vargas Farías
Treinta y nueve años, cinco meses, y tres días después, del más grave y bárbaro episodio ocurrido durante el conflicto armado interno, un tribunal peruano dictó sentencia luego de una audiencia que se inició el 7 de diciembre de 2020, y se prolongó hasta el 16 de mayo pasado.
Tuvimos noticias de esa masacre a fines de noviembre de 2001, casi siete meses después de ocurrida, a través de un reportaje de Edmundo Cruz publicado en “La República”.
La Comisión de la Verdad y Reconciliación investigó los hechos y estableció que, en diciembre de 1984, miembros del Ejército convocaron a no menos de ciento veintitrés personas (123) hombres y mujeres de diversas localidades que vivían en las partes altas para trasladarse a la comunidad de Putis, ubicada en el distrito de Santillana, provincia de Huanta (Ayacucho), con la presunta finalidad de protegerlos de la subversión.
Los comuneros creyeron en la promesa de los militares, y se movilizaron hacia el lugar con sus familias, mayoritariamente mujeres, niñas y niños, llevando sus pertenencias e inclusive su ganado. Lejos de cumplir con lo ofrecido, y después de separarlos, los soldados violaron a las mujeres –incluso niñas de 11 años – y los hombres fueron obligados a cavar una fosa. Tras reunir a toda la población, los acribillaron enterrándolos en las fosas que las mismas víctimas habían cavado.