No al traslado del Archivo General de la Nación
Por: Joseph Dager Alva(*)
El pasado 11 de abril, el Poder Judicial (PJ) y el Ministerio de Cultura firmaron un acuerdo que pone en grave riesgo al Archivo General de la Nación (AGN), pues establece un cronograma para el desalojo de la documentación republicana y notarial de su actual ubicación en el Palacio de Justicia.
No es este un problema nuevo. Sucede que, desde hace unos 10 años, el Poder Judicial decidió demandar al Archivo General de la Nación por ocupar espacios que supuestamente le pertenecerían al PJ. Lo históricamente cierto es que, desde los planos del edificio, se estipuló que esos espacios estarían dedicados a ser sede del AGN, autónoma e independiente del PJ. Cuando se anuncia la construcción, o cuando se da cuenta de la inauguración, los discursos políticos del momento dejaron muy en claro esta división en el dominio y la propiedad de ambas instituciones. Pruebas como éstas, y varias más, obran en el expediente judicial. ¿Cree usted, querido lector, que el AGN tenía alguna posibilidad de ganarle al PJ que actuaba, en este caso, nunca mejor aplicada la frase, como juez y parte?
No insistiré en este tema, pues resulta completamente cierto que el AGN perdió el proceso judicial incluso en última instancia, y que los fallos judiciales se respetan. No obstante, una mudanza en agosto, según reza el acuerdo firmado, a un local temporal, para luego trasladar nuestro Patrimonio Documental nuevamente a su ubicación definitiva, no sólo no es una solución técnica, sino que resulta la menos adecuada, y es inédita “en la historia de nuestro país, y en la historia de la conservación documental de América Latina y el Mundo”, como dice el reciente pronunciamiento de seis ex Jefes Institucionales del AGN, que yo mismo firmé.