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Los cien primeros días del Bicentenario

Por: Yorka Gamarra Boluarte*

 

El primer gobierno del Bicentenario, será distinto a todos los anteriores, por varias razones, han coincidido en el tiempo: la pandemia que ha cambiado el  sentido común de la opinión pública nacional y mundial respecto de las “bondades” del mercado a ultranza, lo que da cuenta de una crisis estructural del modelo, la aparición de una oposición beligerante racista, violentista y golpista en el país, el bicentenario de la independencia nacional y la asunción a la Presidencia de la República, por primera vez, de un integrante de la izquierda orgánica peruana, provinciano, maestro, agricultor y rondero.

 

A todo ello, se une un fenómeno que, no siendo nuevo, define este escenario distinto del resto de la historia política de nuestro país, por lo menos del último siglo: la ausencia de partidos políticos. Todo indica que el camino está despejado para que el gobierno que se inicie el 28 de julio de 2021, tenga abierta la cancha para su relacionamiento directo con la población, sin intermediarios.

 

Siendo así, es fundamental que el nuevo gobierno fortalezca mecanismos democráticos de relacionamiento con los diversos sectores del país, que garantice la validez de multiplicidad de voces para la reconstrucción del tejido social, golpeado y pulverizado por el fujimorato.

 

Hay dos planos a tener en cuenta: primero, será vital su relacionamiento con los sectores que votaron por él en primera vuelta, el soporte de su gobierno es ese 18.9% y son fundamentalmente los sectores del sur del país, más precisamente, el llamado corredor minero y, en un segundo plano, ese amplio sector que ha sumado el 50.1% de la segunda vuelta que, siendo mayoritariamente un voto en contra de la otra excandidata, alberga también una esperanza de cambio principalmente en el terreno de la lucha contra la corrupción.

 

Es necesario aquí demostrar que los discursos de miedo en su contra, que utilizó su adversaria, eran sólo eso.

 

La población de los asentamientos mineros espera acciones inmediatas. Por ello, será necesario la estructuración de un gran mecanismo democrático de diálogo, que sincere la verdadera situación social, económica, medio ambiental, territorial, de derechos como la consulta previa y de compromisos asumidos por el Estado (en sus tres niveles) así como el empresariado minero, en los espacios o mesas de diálogo, estableciendo cronogramas realistas de cumplimiento, que sean públicos y factibles de seguimiento por la sociedad civil.

Es imperativo reforzar los mecanismos para este nuevo concepto de diálogo, la Secretaría de Gestión Social y Diálogo de la PCM como ente rector, tiene la tarea de cambiar la perspectiva de la atención a las demandas, con una mirada de servicio y compromiso activo con la mejora de las condiciones de vida de la población.

 

Es fundamental darle sentido, objetivos claros y organicidad al conjunto de oficinas de diálogo que existen en cada ministerio, para ponerlas en favor del desarrollo y la inclusión de los más amplios sectores nacionales e involucrar a los gobiernos locales y regionales para la construcción de agendas territoriales de desarrollo. Es decir, generar una verdadera descentralización del país.

 

Su desempeño en temas urgentes como el cumplimiento con el cronograma de vacunación contra la pandemia y asegurar la adquisición de más vacunas, hitos del gobierno de Sagasti y la reactivación económica, con incidencia principalmente en la reactivación de la economía de los peruanos de a pie (77.3% en la informalidad) que implica, la generación de empleo, así como de las condiciones óptimas para la recuperación de los micro y pequeños empresarios, golpeados por las restricciones debido a la pandemia, será un elemento aglutinador.

 

Este gobierno, es del cierre del Bicentenario, pero del inicio del Tricentenario, un momento de cambio de época que ha marcado la pandemia, un gobierno de reconstrucción post coronavirus, que debe abocarse a los aspectos que la crisis sanitaria ha evidenciado: las abismales brechas en materia de derechos a la educación, trabajo y salud, esa es la tarea.

 

*Abogada, especialista en conflictividad social.

 




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